Mensaje de La Chiva al Tejido de Comunicación de la ACIN

Written by La Chiva, 11 February 2009

CAMINEMOS LA PALABRA CON EL TEJIDO DE COMUNICACION!
NO ESTAN SOL@S!

La indignante y reprochable represión a los medios de comunicación y reporteros alternativos o no afiliados a los monopolios informativos en Colombia, es el pan de cada día. El régimen autoritario acalla cualquier crítica y oposición y pretende silenciar las voces que difunden nuevas propuestas e ideas. El avance de los intereses privados apoyados por el régimen autoritario necesita del silencio y sumisión de los pueblos. El monopolio de los medios de comunicación es la táctica que utilizan para promover la usura, el individualismo y el racismo como los valores aceptados por la sociedad. La resistencia del pueblo es ignorada, cuando no macartizada y señalada como terrorista, perturbadora y anti-social. Esa es, exactamente, la manera en que los monopolizados medios de comunicación en Colombia han presentado la resistencia de las poblaciones indígenas del Norte del Cauca y sus organizaciones.

Sabiamente, este pueblo indígena ha construido su propio Tejido de Comunicación. Ha contrapuesto la verdad de los hechos a lo presentado por los medios de comunicación manejados por los monopolios y ha difundido su palabra y sus valores dentro y fuera de la comunidad, alcanzando incluso el ambiente internacional. Han utilizado los medios que tienen a su alcance para revelar las brutales actuaciones de las fuerzas armadas y policiales; la represión abierta y rastrera a la que son sometidos; y para desmentir y desenmascarar a los medios de comunicación y a las pociones políticas y económicas que promueven esta represión. Gracias al Tejido de Comunicación conocimos el pliego de 5 puntos que movilizo la Minga por Colombia y que el gobierno colombiano y los otros medios nunca nos quisieron mostrar. Gracias al Tejido tuvimos cubrimiento y contacto con la Minga por Colombia en su recorrido. Gracias a ellos pudimos expresar nuestra solidaridad con la lucha de los pueblos Indígenas del Norte del Cauca.

Los miembros del Tejido de Comunicación se sienten hoy bajo presión, su pagina de Internet y los medios materiales necesarios para la transmisión han sido saboteados, y sus miembros han recibido amenazas directas contra su vida. Su único "crimen" ha sido transmitir la palabra y no ceder a los intereses privados. Su labor es admirable y definitiva para el bienestar de su pueblo. En este momento en que la avaricia y la perversión quieren mantener el pueblo sumiso, la existencia del Tejido se convierte en un obstáculo para estos intereses privados. Quieren aislarlos y romper los lazos que han construido caminando la palabra por Colombia y en otros países.

La Chiva, Colombia Solidarity Group, hoy quiere solidarizarse, una vez mas, con la lucha del pueblo indígena y rechazar las amenazas contra el Tejido de comunicación en general y en especial la amenaza que Gustavo Ulcué, tejedor y amigo, recibió en los últimos días. La legitima y necesaria labor de comunicación, promoción y compromiso con la Minga por Colombia ha convertido al Tejido de Comunicación, y a Gustavo como miembro del Tejido, en blanco de la agresión de aquellos que temen que la verdad sea revelada a los Colombianos y lo medios internacionales.

Hoy, llamamos a las autoridades colombianas a que investiguen seriamente esta y otras agresiones contra el Tejido, pero sobre todo, llamamos a todos lo Colombian@s y aquellos que se solidarizan con su lucha a nivel internacional, a que nos movilicemos en defensa de las comunidades en el Cauca y del Tejido de Comunicación, quienes no descansan en su tarea de difundir su mensaje.

Queridos compañeros de la ACIN y del Tejido de Comunicación, recuerden que ustedes no están solos y que nosotros haremos hasta lo imposible por transmitir su palabra y apoyar su lucha, que es en ultima instancia, parte de la lucha de todos por construir una sociedad justa.

Por que decidimos marchar a Cali

Anonymous,
La María, Piendamó, Cauca, octubre 21 de 2008

La Minga de Resistencia Social y Comunitaria decidió marchar de La María (Piendamó-Cauca) hacia la ciudad de Cali. En ningún momento se pensó ir a Popayán, capital del departamento. Esa decisión tiene razones de gran peso político.

La Minga tiene conciencia de que hoy ya no enfrentamos a la vieja clase terrateniente de Popayán. A ella la derrotamos en los años 80 del siglo pasado (s. XX) cuando empezamos a recuperar, de hecho, nuestro territorio.

La Minga sabe que hoy desafiamos a una clase terrateniente de carácter capitalista, oligopólica, globalizada, representada por los dueños de los ingenios azucareros.

"(…) hoy Ardila Lülle, quien se precia de ser "el productor individual de azúcar más grande del mundo", controla más del 33 por ciento de la producción y el mercado (Silva 2004, p.p. 208-218). Es propietario del Ingenio Cauca, tiene el 52% de Providencia y por lo menos el 35% del ingenio Risaralda, fundado en 1979 con inversión de la Federación de Cafeteros, el estado y la Corporación Financiera de Occidente dominada por el Citibank."[1]

Cali representa el poder de esa clase, que además de ser económicamente poderosa es profundamente antidemocrática, reaccionaria, racista y sobre-explotadora. Su poder está manchado de sangre, especialmente la violencia de los años 50. Consolidaron su poderío territorial (240.000 has cultivadas con caña de azúcar) que les permite producir además de azúcar, etanol, energía eléctrica (utilizando el bagazo) y otra gran cantidad de productos derivados.

Hoy, ellos son los que pretenden desalojarnos de nuestro territorio. Nos quieren convertir en jornaleros y esclavos del gran capital. Les estorbamos. Somos "mal ejemplo".

La Minga tiene absolutamente claro que Cali representa ese poderío económico construido con base en el engaño y la mentira. Muchas trampas utilizaron para robarles las tierras a los campesinos negros que fueron los que domesticaron las "vegas" de los ríos Palo, Desbaratado, Paila, Cauca y demás ríos que recorren y alimentan con agua la región.

La Minga sabe que hoy en día los vestigios de la vieja clase terrateniente que hoy vive en Popayán es un apéndice insignificante de la burguesía agro-exportadora del Valle del Cauca. La rancia estirpe payanesa desde los años 80, echó a un lado sus sueños y prejuicios aristocráticos, y vendió su alma al diablo (gran capital).

Todas las decisiones importantes para el Cauca en las últimas tres décadas han sido tomadas en Cali: construcción de la represa de la Salvajina sobre el río Cauca que después en 1995 fue entregada al gran capital internacional (Unión Fenosa) cuando se creó la Empresa de Energía del Pacífico EPSA; la aprobación de la Ley Páez, que se justificó para beneficiar a los pueblos indios afectados por la avalancha del río de ese mismo nombre, y que realmente sólo le ha servido a los empresarios vallecaucanos y empresas transnacionales para construir un gran emporio de riqueza en los municipios de Guachené, Santander de Quilichao, Villarrica y Puerto Tejada.

Ya están construidos grandes anillos viales en el norte del Cauca y el sur del Valle, se tiene proyectado el tren de "cercanías", en alianza con la Anglo Gold Ashanti (Kedahda) y otras empresas mineras están detrás del oro que queda en los municipios de Suárez, Buenos Aires, El Tambo, Tierradentro y el Macizo colombiano. Su mirada avariciosa está sobre los lechos de carbón que van desde Jamundí hasta el Patía en la cordillera occidental. Y, en contubernio con Smurfit-Kapa desde hace 50 años explotan los bosques de pino y eucalipto con altos costos para la biodiversidad y el medio ambiente.

Vamos a Cali porque en sus alrededores se desarrolla una de las luchas más importantes de la clase obrera. Los trabajadores "corteros" de caña llevan 37 días de una histórica y valerosa huelga. Los obreros cañeros enfrentan el eje principal de las políticas laborales que se empezaron a implementar desde 1978 (la reconversión industrial aplicada en casos como los de la empresa Croydon del Pacífico). Las Cooperativas de Trabajo Asociado CTA representan la forma de explotación más descarada y "eficiente", en donde el obrero figura como "empresario", dueño de las CTA, y por tanto, debe responder por su seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales), y hasta por su dotación de trabajo. Las condiciones de vida de los "corteros" es aterradora: jornadas de trabajo de 12 y 14 horas, ingresos miserables, hacinación en las ciudades como Puerto Tejada, Candelaria, Florida, Pradera, Guacarí, Bugalagrande, Miranda, Corinto, Guachené y Villarrica, entre otras.

Vamos a Cali porque allí viven cientos de miles de caucanos desplazados por la violencia, la pobreza y el hambre. Vamos a Cali porque allí nos encontraremos con los compañeros corteros y sus familias, con desempleados, moto-taxistas, los obreros y habitantes de barrios populares de esa ciudad. Y allí, en Cali, se empezará a construir de verdad la alianza entre indios, mestizos y afros, campesinos y obreros, y desde allí le gritaremos al mundo que nosotros – los verdaderos creadores de riqueza – nos merecemos una vida y un futuro mejor.

Por ello, mirar hacia Popayán no tiene sentido. Sólo volveremos a esa ciudad para "enterrar" esa clase política representada ejemplarmente por Juan José Chaux, exgobernador aliado de la mafia y el paramilitarismo. Hoy, los herederos de los terratenientes caucanos son una pequeña casta en proceso de descomposición y desaparecimiento. Es una clase sin futuro, que no merece interlocutar con la Minga.

Por eso nos vamos hacia Cali e invitamos a todos los sectores sociales y políticos a acompañarnos. Allí vamos a defender nuestras raíces y nuestra gente, para volver a Popayán llenos de orgullo y de entusiasmo, a reconstruir un Cauca indio, mestizo y afro, recuperando nuestros territorios de economía campesina, nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, y por sobre todo, nuestra dignidad.

En Cali, con los corteros de caña consolidaremos la "alianza maravillosa" entre indios y corteros de caña. Marchemos sobre Cali con fuerza y decisión. Allí se cocinará nuestra inserción en los nuevos vientos latinoamericanos. Desde allí empezaremos a enterrar el "embrujo" uribista. No lo dudemos.

¡Vamos a marchar sobre Cali! ¡Vamos a derrotar a quien verdaderamente hay que enfrentar en este momento: los agroindustriales vallecaucanos productores de agrocombustibles!

Vamos a impedir la judicialización de nuestros dirigentes (indios y corteros). Vamos a decirle al mundo que no somos guerrilleros y que nuestra lucha es justa.

La Minga marcha sobre Cali. Acompañarla es cuestión de dignidad.

Colombian Brothers and Sisters, Your Pain and Demands We Make Our Own…

Over these last days, Mother Earth is once again tinted red with the blood of our indigenous sisters and brothers, a consequence of the brutal and inhumane repression used against them by a government obsessed with silencing all opposition to its neoliberal policies. Álvaro Uribe Vélez, Colombia’s populist dictator, which acts as the agent of national private interests and transnational capital, seeks to gain for his allies the few lands left for indigenous peoples through genocide and baseless threats. Álvaro Uribe and his ministers have targeted indigenous groups in Colombia who have articulated their opposition to large-scale mineral extraction projects and monocrops like sugar cane, for ethanol and the agrofuel industry. He has made false public statements directed against them, and when proven wrong, he uses distraction. He cries that they are linked to terrorists, while many from his government sit in jail for collusion with right-wing paramilitary death squads, the demobilized bandits who continue to roam the country putting into violent acts the dictator’s baseless utterances. In Colombia, mere opposition to the multiple free trade agreements, designed to hand over natural resources (life itself) to transnational capital, is marked by the dictatorship as a terrorist act.

The Colombian government is the real destabilizing agent. In Cauca and the Cauca Valley, it is the government that has put a price on the heads of indigenous leaders who have fought for their rights and that the government comply with its responsibilities. It is the government, convenienced by other armed groups, that is imposing this latest climate of terror and injustice.

Sisters and brothers, we not only empathize with your demands for justice and the desperate situation you have faced in these last days, decades and centuries, imposed by so-called governments. We feel the sadness of your injured and dead. Your pain is ours, too. Your struggle is not only an indigenous struggle confined to Colombia. We have made this struggle ours, for it is one for life, peace and human dignity, values that transcend all false borders.

The Canadian government is playing its role in this genocide by supporting the Uribe dictatorship, making all Canadians accomplices in yet another genocide directed against indigenous peoples in this land called America. The Canadian government tells us that the Canada-Colombia free trade agreement will create a more secure, prosperous and equitable Colombia. Is Canadian capital somehow different? Mr. Harper, do you really believe that democracy is solidified through confronting attempts at inclusive dialogue with massacres?

From Canada, and with a profound feeling of shared struggle in which the indigenous of Cauca have courageously and rightly taken the lead, we reaffirm our desire and commitment to work together with our brothers and sisters in humanity. It is our historic responsibility to oppose and resist fascist and neoliberal policies and to stop, for once and for all, the globalization of misery. Alternatively, we struggle for another globalization, where our struggles transcend all frontiers constructed to divide us, to emphasize our distance. Our victory will be the laughter of our children, in a dignified peace, prosperity and freedom.

La Chiva Collective, Canada



EN ESPAÑOL

Hermanos Colombianos, su dolor y sus demandas las hacemos Nuestras…

Durante estos últimos días, otra vez, la Madre tierra se esta tiñendo de rojo con la sangre derramada por nuestros hermanos indígenas, consecuencia de la brutal e inhumana represión desatada en su contra por un gobierno que se empeña en acallar cualquier tipo de oposición a sus políticas neoliberales. Álvaro Uribe Vélez, quien actúa como el agente del voraz capitalismo transnacional, y aliado con claros intereses privados nacionales persigue apoderarse de las pocas tierras que hoy les quedan a los nativos, a través del genocidio y el señalamiento. Álvaro Uribe y sus ministros se empeñan en señalar de perturbadores del orden publico, falsos, aliados de la guerra e incluso terroristas a los grupos indígenas colombianos que se ponen en pie de lucha contra la implementación de planes extractivos de minerales del subsuelo, y monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana. Señala de terroristas a quienes se oponen a los múltiples tratados de Libre Comercio que le entregarían estas riquezas nacionales al capital internacional.

Es el gobierno el verdadero agente desestabilizador que hoy continua poniéndole precio a la cabeza de los lideres de cabildos y resguardos que luchan por sus derechos, es el gobierno el que impone un clima de terror e injusticia.

A pesar de que la tristeza embarga nuestro corazón, entendemos las justas demandas y la desesperante situación que ha impuesto el gobierno sobre ustedes y queremos decirles, valientes luchadores, que sigan adelante, que su causa es justa y noble; que este no es solo su dolor porque lo hacemos nuestro y, que desde este portal hacemos presencia y entendemos también su lucha como nuestra, rechazamos y denunciamos los atropellos oficiales, nos solidarizamos con los sufridos pueblos americanos originales, en la lucha por la vida, la paz y la dignidad humana.

El gobierno Canadiense está poniendo su cuota en el genocidio al apoyar al gobierno de Uribe Vélez, y de esta forma nos hace a todos los canadienses cómplices directos de las masacres. El TLC se promociona en nuestro país como una forma de ayudara a solidificar los esfuerzos del gobierno colombiano para crear una democracia mas segura, prospera y con equidad... Señor Harper cree usted que la democracia se solidifica asesinando a nuestros hermanos indígenas cuando ejercen su democrático derecho a la huelga, a la oposición y a la movilización?

Desde Canadá y con profundo sentimiento fraternal, les expresamos a nuestros hermanos indígenas colombianos el deseo de trabajar conjuntamente con ellos y con otros pueblos, pues es nuestro deber histórico oponernos y resistir las políticas fascistas y neoliberales y frenar de una vez por todas la horrible maquinaria explotadora que se nutre del dolor, la sangre y la miseria de los hijos pobres de la tierra. Nuestros descendientes y los suyos tienen derecho a la paz, la prosperidad y la libertad.

Colectivo de Solidaridad con Colombia “La Chiva”, Canadá

¿Qué Justicia exige la Corte?

[08/19/2008] [ACIN] [ Autor: Manuel Rozental]

El régimen que Gobierna a Colombia, acaba de ser objeto de una comunicación de un Fiscal de la Corte Penal Internacional. Es necesario clarificar que al utilizar el término "régimen" nos referimos a mucho más que el Gobierno presidido por Álvaro Uribe. El régimen incluye la institucionalidad Nacional y transnacional, la estructura y flujo de poder, las políticas que allí se elaboran e implementan, los recursos que maneja y los objetivos que persiguen.

El régimen incluye a las transnacionales que arman, entrenan y financian escuadrones de la muerte (Chiquita Brands y todas las bananeras, Drummond, Coca-Cola, según confesiones de paramilitares y evidencias acumuladas) y que no han sido objeto aún de los procesos de investigación jurídica que se requieren. También incluye a los Gobiernos extranjeros de potencias encabezados por los EEUU, que dictan las políticas e imponen el sentido y propósitos del régimen al servicio de las transnacionales, es decir, el uso y abuso de recursos públicos de estos Gobiernos para acceder a territorios y riquezas para beneficio de las corporaciones transnacionales: Plan Colombia, IIRSA, Escuela de las Américas, iniciativas militares y de inteligencia con el mismo objetivo. El régimen así constituido de manera transnacional y con una estructura de poder vertical al servicio del gran capital, es quien recibe esta carta de la Corte Penal Internacional a través del Gobierno de Colombia.

Veamos:

1. El Fiscal Argentino Luis Moreno, actuando a nombre de la CPI, dice en su carta publicada en el Nuevo Siglo: "Investigaremos de cerca por qué algunos ex paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos", con lo que advierte al régimen que, si la Justicia del régimen ha actuado para impedir que se haga justicia, la CPI tendrá jurisdicción para actuar en este caso y proceder para que se haga justicia.

2. La CPI solicita información sobre la decisión de extradición de paramilitares por parte del Gobierno de Colombia a los EEUU, porque esta decisión parece implicar que criminales de lesa humanidad, los delitos más graves y que deben tener prerrogativa sobre cualquier otro, son transferidos a la justicia de los EEUU para responder por cargos menores. Queda en evidencia la puerta giratoria de la justicia a través de la cual reos acusados por un delito en un lugar de la jurisdicción bajo control del régimen (en este caso Colombia) son transferidos a otro lugar (EEUU) con el efecto inmediato de quitarle a la justicia Colombiana el derecho de juzgarlos o de siquiera poder recoger evidencias y proceder en derecho de acuerdo con los cargos más graves: crímenes de lesa humanidad.

3. El régimen, a través del Presidente Uribe y del Ministro del Interior Valencia Cossio, se ha dedicado en los últimos meses a someter a la Corte Suprema de Justicia y a toda la justicia en Colombia, al poder del Ejecutivo. Específicamente, el Presidente Uribe violó la Convención de Ginebra al utilizar emblemas de la Cruz Roja en la Operación Jaque y mintió al respecto para encubrir la evidencia, extraditó a paramilitares y ha tenido una relación constante desde los niveles más altos, de coordinación y articulación con estas fuerzas del terror. Ante las acciones de la Corte para investigar estos temas y obtener respuestas del Gobierno y del Presidente, este ha lanzado una estrategia integral para desprestigiarla y someterla, lo que ha obligado a la Corte, en días pasados a proceder jurídicamente contra el Gobierno por su abuso de poder. La reforma jurídica propuesta tiene la intención de proteger a los políticos y funcionarios involucrados en la parapolítica [ver: http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/rodrigo-uprimny/columna-y-no-se-hizo-al-reves , http://www.elespectador.com/columna-reforma-judicial-inoportuna-y-oportunista y http://www.senadorrobledo.org/?q=node/382]

Click aquí para leer mas.

New Criminal Upsurge in Saravena, Arauca

Dear readers:

We are passing along this communique detailing the latest aggression faced by communities in the department of Arauca, Colombia, where it is sadly no surprise that the supposedly 'demobilized' paramilitaries of the AUC have resurfaced (if one could claim that they ever went away in the first place) and murdered 7 people since the 3rd of August. Below the text of the communique is action recommended by the UK-based Colombia Solidarity Campaign, who sent us the message. Also below is the communique in its original Spanish. La Chiva

Written by the "Joel Sierra" Human Rights Foundation, 12 August 2008

The Joel Sierra Human Rights Foundation presents this Early Alert communiqué to the regional, national and international community, and to the state’s institutions of justice and control, demanding that they take immediate steps with regard to the following:

Since 3 August seven people have been assassinated in Saravena, Arauca. At the same time graffiti have appeared in the town authored by the paramilitary Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

3 August, Puerto Contreras district, Mr. WILSON RODRÍGUEZ MOSQUERA, 31 years old, is assassinated.

5 August, Barrio Cuatro de Diciembre, Mr. OMAR YESID TARAZONA, 29 years old, is assassinated.

8 August, Puerto Contreras district, Mr. URIEL ORTEGA CÁCERES, 31 years, is given the coup de grace. On the same day, Barrio Galán, at approximately 8:30 in the morning, social and political leader LUIS MAYUSA PRADA, 46 years old, is assassinated.

10 August, at approximately 9:20pm LUIS ALEJANDRO DÍAZ VILLAMIZAR, 18 years old is assassinated in the commercial establishment ‘La Chorizada de Papi’, situated 9th avenue with 28th street.

Yesterday, 11 August, at approximately 5:00 pm, Mr. ALEXANDER TULIVILA, 29 years old is assassinated on 16th avenue with 19th street, Barrio Seis de Octubre. Also, at approximately 7:00 in the evening, in Puerto Contreras district, an as yet unidentified male between 30 and 35 years old is violently killed.

Graffiti of the Autodefensas Unidas de Colombia AUC has been appearing on the front of buildings in the last few days, saying things like “THE AUC HAS ARRIVED”. The panic they generate is furthered by the death threats received by human rights defenders, journalists and tradesmen.

These events bring to mind the recent past when sicarios hit men acting in the name of the paramilitaries moved freely through the security cordon of the National Police to commit a great many murders, many of them of social leaders.

The upsurge of violent deaths in a region with such security force presence shows that the government policy of ‘democratic security’ is for the economic interests of the transnational corporations, but makes no reference to the life and integrity of araucanos, the people of the region.

For these reasons we repeat our demand that the Colombian state immediately activates its System of Early Alerts, and deploys all the required administrative, judicial and control measures to protect the life and integrity of the general community.

[We further demand that] the judicial authorities carry out proper investigations to clarify the facts surrounding the violent deaths reported above.

FOR THE DEFENCE OF LIFE, HUMAN RIGHTS AND STAYING IN THIS TERRITORY

OUR SOCIAL ACTION IS LEGAL AND LEGITIMATE.

FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”
Saravena, 12 August 2008.

RECOMMENDED ACTION: Colombia Solidarity Campaign adds:

Please write to the Colombian state, pressing for immediate action. Cite the above Early Alert and urge the authorities to:

Investigate the seven murders in Saravena between 3 and 11 August

Protect the community from further paramilitary attacks.

Address your message to President Alvaro Uribe Velez and send it to the nearest Colombian Embassy, in the UK to mail@colombianembassy.co.uk



FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”

Saravena, 12 de agosto de 2008.

ALERTA TEMPRANA

NUEVA OLEADA CRIMINAL EN SARAVENA

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, presenta a la comunidad Regional, Nacional e Internacional, a los organismos de justicia y control del Estado, la presente Alerta Temprana, exigiendo se activen de manera inmediata las medidas que el Sistema Nacional tiene instituido para ello:

Desde el domingo 3 de agosto, han sido asesinadas 7 personas en el municipio de Saravena, al tiempo que en algunos lugares de su casco urbano, aparecieron grafitis alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

1. El día 03 de agosto, fue asesinado el señor WILSON RODRÍGUEZ MOSQUERA, de
31 años de edad, en la vereda Puerto Contreras.

2. El día 05 de agosto fue asesinado el señor OMAR YESID TARAZONA, de 29 años de edad, en el Barrio Cuatro de Diciembre.

3. El 8 de agosto, fue ultimado el señor URIEL ORTEGA CÁCERES, de 31 años, en la vereda Puerto Contreras. Ese mismo día en el Barrio Galán, aproximadamente 8:30 de la mañana, fue asesinado el dirigente social y político LUIS MAYUSA PRADA, de 46 años de edad.

4. El 10 de agosto, aproximadamente a las 9:20 de la noche, fue asesinado el joven LUIS ALEJANDRO DÍAZ VILLAMIZAR, de 18 años de edad, en el establecimiento comercial La Chorizada de Papi, ubicada en la Carrera 9 con calle 28.

5. El día de ayer 11 de agosto, aproximadamente a las 5:00 p.m., fue asesinado el señor ALEXANDER TULIVILA, de 29 años de edad, en la carrera 16 con calle 19, Barrio Seis de Octubre. De igual forma, aproximadamente a las 7:00 de la noche, en la vereda Puerto Contreras, fue muerto de manera violenta una persona de sexo masculino entre 30 a 35 años de edad, la cual no ha sido identificada.

De otra parte, varias fachadas de viviendas de diferentes barrios del municipio, han venido apareciendo en los últimos días grafitis alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, con indicaciones como “YEGAN LAS AUC”, generando zozobra, por las amenazas que han venido recibiendo algunos Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comerciantes etc.

Estos acontecimientos hacen recordar el pasado resiente, cuando sicarios que actuaban a nombre de paramilitares y que se movían en los cordones de seguridad de la Policía Nacional, asesinaron un gran número de personas, muchos de ellos dirigentes sociales.

Este número elevado de muertes violentas, en una región con tanta presencia de la fuerza pública denota que la seguridad democrática tiene su sentido frente a los intereses económicos de las transnacionales, pero no en lo que hace referencia a la vida e integridad de los araucanos.

Por lo anterior reiteramos nuestra exigencia de activar de manera inmediata el Sistema de Alertas Tempranas, disponiendo las medidas administrativas, judiciales y de control que el caso amerita para proteger la vida e integridad de la comunidad en general.

A los organismos de justicia, adelantar las investigaciones pertinentes a esclarecer los hechos que rodearon las muertes violentas arriba señaladas.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”

NUESTRA ACCION SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA.

La disobediencia civil de los lecheros

Written by Aurelio Suárez Montoya,
Originally published in La Tarde, Pereira,
15 de julio de 2008

A la demostración de 15.000 lecheros que el 9 de julio pasado en Bogotá, Montería, Popayán, Pereira, Mariquita, Neiva, Florencia, La Dorada, Ocaña, Chiquinquirá y Tunja, entre varias ciudades, protestaron en contra de los decretos 616 y 2838 de 2006, expedidos por el Gobierno Nacional, por los cuales se impone a partir del 24 de agosto de 2008 la leche industrializada como única forma de consumo de este alimento, le cae como anillo al dedo una de las más importantes consideraciones de Henry David Thoreau, el padre de la Desobediencia Civil.

“Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor”.

¿Es justa la resistencia de los lecheros? Se esgrime la insalubridad de la leche cruda para justificar las medidas oficiales. Como sucede con casi todo en los últimos tiempos, se manipula la opinión pública para ganar su favor. Se quiere hacer creer que se protege el consumo de leche cruda como tal. No. Lo que se defiende es que se permita su comercio para ser hervida, un patrón de consumo, arraigado en especial en los sectores populares; que es más económica que cualquier otra presentación y que involucra, como “cadena láctea popular” a decenas de miles de pequeños ganaderos, a más de 20.000 comercializadores, a innumerables industrias caseras de derivados lácteos y a millones de consumidores.

En la campaña de desinformación contra los lecheros se omite que la Organización Mundial de la Salud-OMS-, cuando habla de leche no cruda, coloca en el mismo plano a la leche hervida con la pasteurizada y, es más, la OMS realiza campañas en el mundo entero donde promueve hervir la leche para hacerla alimento seguro. Pero no sólo los decretos excluyen esta categorización sino que, además, imponen verdaderas quimeras para hacerse efectivos. Por ejemplo, se exige el registro ante el ICA de los predios que suministren leche. ¿Será esto viable en el Caquetá donde hay un millón doscientas mil reses y sólo un técnico pecuario del ICA? ¿O en Boyacá donde para ochocientas cincuenta mil reses apenas existen veinte? Así mismo, se exige a los pequeños hatos tener agua potable o “agua de fácil potabilización (sic)”, cuando es sabido que en el 90% de las áreas rurales de Colombia falta agua apta para el consumo humano. Los decretos prescriben que los conductores de vehículos de comercialización tengan “buenas práctica higiénicas”, ¿quién y cómo puede corroborarlo? Lo mismo sucede cuando se “ordena a las vacas” producir leche con al menos 2,9% de proteína.

Igual pasa con los planes de “reconversión”. ¿Se pretende que “esta cadena láctea popular” se torne en empresa de pasteurización? Si bien algunas informaciones hablan que en ese sentido se han inscrito ante las autoridades más de 2.500 propuestas, también vale difundir que, como en Cundinamarca luego de dos años, de 830 solicitudes ninguna fue atendida por el sector bancario ante la vulnerabilidad financiera de los solicitantes, no han podido concretarse.

La salubridad de los colombianos no puede descansar en las “buenas prácticas” de los particulares por poderosos o débiles que sean. La presencia institucional del Estado es indispensable no sólo en la vigilancia, sino también, en el acompañamiento y éste no se hace sólo a punta de decretos. Se enfrentan, de nuevo, dos formas de gobernar que es lo que se viene discutiendo en Colombia en los últimos veinte años. Una, que descarga en el Estado el bienestar general, y, la otra, que limita la acción estatal al menudo papel de regulador de la iniciativa privada y que hace de esa regulación un instrumento excluyente de quienes no pueden cumplirla o que de hacerlo quedan expuestos a ser vapuleados por grandes poderes.

Los lecheros no darán su brazo a torcer fácilmente. Son conscientes de la arbitrariedad que hay en la índole de estos decretos y saben que hay una batalla por librar, sobre todo en términos de la verdadera verdad acerca de los motivos de su movilización. Por ello han emprendido la tarea de organizar para el 19 de agosto próximo una gran Marcha Nacional en Bogotá. Continuarán el pulso para difundir sus razones; entre otras, para confrontar las falsas informaciones con las cuales el gobierno en forma amañada pretende imponer las suyas, incluso influyendo con ellas sobre los editoriales de la gran prensa.

LA CUT RESPALDA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA DRUMMOND

La CUT, Colombia, Statement

Tres mil trabajadores de la mina de carbón del Municipio de La Loma, Cesar y el Puerto de Ciénaga, Magdalena, entraron en Huelga a las 5:50 de la tarde del miércoles 16 de julio. Esta es la segunda mina de carbón de Colombia y la explota por contrato de Concesión la multinacional norteamericana DRUMMOND, compañía que, además, ha sido favorecida con licencia para explotar el gas natural descubierto en la misma área y la mina de carbón El Descanso de 22 mil hectáreas, ubicada en los municipios de Becerril y Codazzi y considerada la más grande del mundo.

Los trabajadores representados por Sintramienergética, declararon la Huelga, luego de agotar todas las etapas de ley en la negociación del Pliego de Peticiones. Los dos mil cien afiliados al sindicato tomaron la decisión en votación realizada los días 6 y 8 de julio y autorizaron a la Comisión Negociadora a continuar en el diálogo, como efectivamente ocurrió hasta el día de ayer, cuando se cumplieron los términos legales para hacer efectiva la Huelga, sin que se llegara a acuerdo alguno. La DRUMMOND se niega a considerar los puntos del petitorio que hacen referencia a: la estabilidad laboral y el procedimiento para aplicar sanciones, los programas de salud ocupacional y seguridad industrial, la situación de dos mil trabajadores que laboran por distintas modalidades de intermediación laboral, aumento salarial y de las partidas económicas y mejoramiento de los programas de inversión social en las comunidades del entorno de la explotación.

La multinacional exportó carbón en el 2007 por 1.100 millones de dólares, con precios que han pasado en los últimos tres años de 30 hasta 100 dólares la tonelada, en una mina con costos de producción que no sobrepasan los 20 y con pago de regalías del mísero 10%. La Nación se está quedando con los impactos negativos de la explotación en el medio ambiente, la afectación del entorno social, el deterioro de las vías y el puerto, los cientos de trabajadores con enfermedades y lesiones de origen profesional, mientras la multinacional obtiene jugosas ganancias.

Llamamos al movimiento sindical a manifestar su solidaridad con esta justa lucha, a elevar la denuncia ante el Gobierno Nacional, los organismos internacionales y las organizaciones sindicales y sociales de orden internacional. Rodeemos de apoyo esta manifestación de dignidad y patriotismo de los obreros del carbón.

TARSICIO MORA GODOY DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente Secretario General



GUSTAVO RUBEN TRIANA SUÁREZ
Segundo Vicepresidente

Los escenarios pos FARC

Written by Raúl Zibechi, Originally published in ALAI,
11 July 2008

Montevideo.- En el primer semestre de 2008 se ha producido un fuerte viraje político, que le permite a las derechas, locales y globales, y a las multinacionales, recuperar posiciones y retomar la ofensiva. El viraje no se circunscribe a Colombia, aunque tiene allí su epicentro mayor, sino que se extiende a países como Argentina, Bolivia y Perú, pero en lo esencial afecta a toda la región.

En Colombia, si alguna vez hubo algún equilibrio estratégico entre las FARC y las fuerzas armadas, en los últimos meses se ha quebrado a favor del Estado. La guerrilla perdió toda posibilidad de negociar un acuerdo humanitario en condiciones favorables, no puede mantener ofensivas militares ni políticas, sufre un agudo descrédito entre la población y ya no cuenta con aliados significativos en la región ni en el mundo. Aún así, lo más probable es que las FARC sigan adelante, con menguada capacidad de iniciativa y con la probable fragmentación entre sus mandos y frentes, como lo sugiere el desenlace de la liberación de los 15 secuestrados.

La estrategia delineada por el Comando Sur y el Pentágono, y plasmada en el Plan Colombia II, no contempla ni la derrota definitiva ni la negociación con la guerrilla. Eliminar a las FARC del escenario sería un pésimo negocio para la estrategia imperial de desestabilización y recolonización de la región andina, a la que Fidel Castro definió como “paz romana”. Ese proyecto no puede llevarse a cabo sin guerra, directa o indirecta, o sea sin la desestabilización permanente como forma de reconfiguración territorial y política de la estratégica región que
incluye el arco que va de Venezuela a Bolivia y Paraguay, pasando por Colombia, Ecuador y Perú.

Por un lado, se trata de despejar la región andina para facilitar el negocio multinacional actual (minería a cielo abierto, hidrocarburos, biodiversidad, monocultivos para agrocombustibles) que supone tanto la apropiación de los bienes comunes como el desplazamiento de las poblaciones que aún sobreviven en esos espacios. No estamos ante un capitalismo, digamos, “normal”, el que fue capaz en su momento de establecer alianzas y pactos que dieron vida al Estado benefactor, en base a la triple alianza entre Estado, empresarios nacionales y sindicatos. Se trata de un modelo financiero-especulativo y de acumulación por desposesión, que sustituye las negoaciones por las guerras y la extracción de plusvalor por la apropiación de la naturaleza. O sea, un capitalismo de guerra para tiempos de decadencia imperial.

Este sistema asume la forma de capitalismo criminal o mafioso en países como Colombia, porque no sólo es funcional a la guerra y al robo, sino que ellas forman su núcleo central, su principal modo de acumulación. Eso explica la alianza estrecha entre empresas privadas de guerra, que cuentan en ese país con 2 a 3 mil mercenarios apodados ahora “contratistas”, con un Estado paramilitar como el que encabeza Alvaro Uribe, asentado en la alianza con paramilitares y narcotraficantes. En Colombia, a ese orden de cosas le han hecho frente tres fuerzas: la
guerrilla, la izquierda del Polo Democrático y los movimientos sociales. La primera cree que puede vencer con las armas o negociar con ese nuevo poder. El Polo desestima el papel de Washington y de las multinacionales, como diseñadores y usufructuarios del Estado paramilitar mafioso, y sobreestima por lo tanto los márgenes democráticos. Los movimientos, por su parte, tienen grandes dificultades para superar la escala local y sectorial y no están en condiciones, por
ahora, de erigirse en actores alternativos.

El Plan Colombia II fue el encargado de diseñar ese Estado militarista y en este momento busca afianzarlo. Ahora que las FARC no representan riesgo mayor para ese proyecto, aparece con claridad el objetivo de largo plazo trazado. Lejos de abrir espacios para la negociación, como
desea la izquierda, el mensaje de los últimos meses indica un solo camino: ni la paz ni la rendición les garantiza la vida a los guerrilleros. O combaten y resisten o les espera el exterminio, como sucedió a fines de la década de 1980. Se trata de golpear sus núcleos territoriales para desplazarlos hacia las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, donde el Plan Colombia II aspira a convertirlos en instrumento de la desestabilización regional.

Por eso Venezuela y Hugo Chávez adoptaron la estrategia de reducir la tensión con el gobierno de Uribe. No se trata de una cuestión ideológica, como pretenden algunos analistas. Ese debate vale para las mesas de café o los despachos académicos, pero tiene escasa utilidad cuando se trata de la sobrevivencia de proyectos de cambio social. Si se consolida el proyecto imperial, toda la región sufrirá con la polarización, de ahí la urgencia por desmontar los conflictos, tanto en
Colombia como en Argentina y Bolivia.

Un eventual triunfo de Barack Obama tampoco modificará las cosas. Puede atemperar los rasgos más autoritarios del uribismo, lo que explica el nerviosismo del gobierno de Bogotá y su solícita alianza con el candidato republicano. Lo cierto es que los planes del Comando Sur no dependen del inquilino de la Casa Blanca, y que estos apuntan a promover una acción integral en la región que la convierta en una zona estable y un baluarte inexpugnable para mantener la hegemonía estadounidense a escala global. En suma, las elites imperiales aspiran usar la fuerza de las armas para revertir su decadencia, que pasa por la recolonización de América Latina. En un período como el actual, sólo la movilización popular y las vías políticas pueden contribuir a debilitar la ofensiva que viene del Norte.

Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.

Ilegalidad debido a la ilegitimidad

Written by Augusto Bohórquez

Originally published in ACIN, 2 July 2008

Hoy día la discusión en Colombia es la ilegitimad del presidente Uribe. De una parte, por los conocidos casos de la política paramilitar; y de otra parte, con la condena a Yidis Medina, por parte de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de cohecho.

El pasado 26 de junio, Álvaro Uribe, en un comunicado televisado, llamó a la desmantelacion del estado de derecho y, por lo tanto, al nacimiento de una nueva dictadura en Latinoamérica apoyada y repaldada por medio de la política exterior de los paises de la Union Europea, Canadá, y Estados Unidos impulsando políticas al beneficio coorporativo por medio de los Tratados de Libre Comercio que garantizan excelentes ganancias a las transnacionales.

El 26 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia colombiana emitió el fallo en el caso de Yidis Medina. La ex diputada fue encontrada culpable del delito de cohecho, donde se comprobó que el gobierno ofreció prebendas y beneficios a los congresistas para conseguir la mayoría requerida para aprobar el Acto legislativo que modificaba la constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano ésta conducta es identificada como delito y se denomina cohecho, estipulado y regulado en el código penal desde el artículo 405 a 407 [1] .

La Corte falla en consecuencia con el estado social de derecho cuando afirma que “la lucha del Estado contra la impunidad tiene relevancia constitucional la cual no puede quedar reducida a simple retórica dirigida a la tribuna, resulta incompatible con la filosofía del Estado social y democrático de derecho que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado, de connotaciones delictivas tenga vigencia y ejecutividad.[2]” 

Pero, ¿qué sucede con los votos que se consiguieron al quedar configurado el delito de cohecho?, la respuesta a esta pregunta, en mi opinión, debe dar solución al tema en forma definitiva.

¿Deben tenerse en cuenta?, ¿deben anularse? ¿Qué hacer con estos votos?, ¿son válidos? Lamentablemente para la coyuntura jurídica nacional, y lo digo sólo porque se trata de un país de leyes, no hay en el ordenamiento una norma que defina de forma clara que pasa con esos votos. Pero ante esta situación, la misma Corte Suprema de Justicia, en su fallo, llena este vacío jurídico cuando concluye: “que el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal[3]”

Como el ordenamiento constitucional colombiano es estrictamente normativo, pues no puede válidamente existir sanción sin ley previa, escrita y cierta, luego no se le puede restar validez a los votos, porque no existe en el ordenamiento una norma anterior al hecho que sancione estos votos con la invalidez.

La solución a la más grave crisis institucional colombiana no es de tipo normativa, es un problema de legitimidad. Legitimidad inexistente del ejecutivo colombiano, Álvaro Uribe, aun con la manipulación de los medios de comunicación dándole un 82% de popularidad. El llamado del señor Uribe a un referendo; simplemente, es una salida populista a la crisis de la institucionalidad, para legalizar o legitimar el delito. Dicha salida representaría la imposición dictatorial del ejecutivo.

¡La reelección de Uribe fue ilegítima! eso es lo que quiere decir la decisión de la Corte Suprema de Justicia al encontrar a Yidis Medina culpable del delito de cohecho, puesto que para que exista este delito punible es necesario un benefactor y un beneficiario. Por lo tanto, el actual mandato de Álvaro Uribe es ilegítimo, porque está soportado sobre el acto delictivo que tiene en la cárcel a Medina. Esto demuestra que Uribe no tiene ninguna facultad para llamar a referendo, puesto que no es el presidente constitucional de Colombia.

Para enfrentar la ilegimidad en Colombia, se convoca a un frente popular en defensa de la soberanía nacional y contra la ilegitimidad dictatorial de Uribe. Carlos Gaviria, ex-candidato presidencial, llama a la unidad y dice: “Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista[4] ”

Frente a esta realidad, no es posible, ni justificable que Canadá y EEUU apoyen Tratados de Libre Comercio; así como tampoco las acciones de este Gobierno. Uribe, un personaje que debe ser judicializado, en cambio, es reelegido (de manera fraudulenta) y cuenta con la complicidad del Gobierno del Canadá y Estados Unidos, al considerarlo el único aliado en la región.

Canadá debe parar indefinidamente el Tratado de Libre Comercio con gobiernos ilegítimos como el colombiano. Estos tratados, en realidad, presentan excelentes ganancias a trasnacionales canadienses - especialmente en minería, gas, telecomunicaciones y finananzas-, escondidas tras la fachada del desarrollo de los pueblos.

En Canadá se tiene que abrir el debate público sobre el asunto del libre comercio con Colombia, pues al aprobar y ratificar el tratado bilateral, Colombia-Canadá, fortalecerá el gobierno ilegítimo dictatorial de Uribe; y de esta forma, Canadá enviará al mundo las directrices de su política exterior.

Canadá, al apoyar a un dictador, está demostrando al mundo que sobrepone los intereses comerciales sobre el estado de derecho. Si el gobierno de Harper continúa apoyando y recompensando un gobierno ilegítimo, el mundo entenderá el mensaje de Canadá para el mundo.

Notas:

[1] Alcaldía de Montería (junio 30 de 2008). Código Penal colombiano. Versión electrónica. Encontrado el 30 de junio de 2008 http://alcaldiademonteria.tripod.com/codigos/penal/codigopenal.html

[2] Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca (ACIN). (junio 27 de 2008) Condenada Yidis Medina. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Versión electrónica. Encontrado el 30 de junio de 2008 http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8096

[3] Ibid

[4] Polo Democrático Alternativo. (junio 27 de 2008). ¿Se inaugura dictadura populista?En defensa del Estado de derecho y de la democracia constitucional. Versión electrónica. Encontrado el 30 de junio de 2008 http://www.polodemocratico.net/En-defensa-del-Estado-de-derecho-y

Es mejor morir hablando que morir callado

Written by Michéal Ó Tuathail,
Originally published in Tejido de Comunicación ACIN,
4 July 2008

“Es mejor morir hablando que morir callado,” aseguró Wilder Guejia, miembro del Programa Jurídico del Cabildo de Corinto, en la audiencia pública realizada en Corinto, Cauca, evento que, a pesar de la agresión por parte de los actores armados que han sufrido en este resguardo especialmente en los últimos meses, representa un acto colectivo de desafío.

La llegada de las chivas que llevaron la gente al Parque Central de Corinto fue algo impresionante, llegaban llenas de gente de los resguardos de todo el norte del Cauca. Incluso, llegaron compañeros campesinos, mestizos y afros de toda la zona, compartiendo su solidaridad con el movimiento indígena. “Los corteros apoyamos la Liberación de la Madre Tierra,” se alcanzaba a leer en una de las pancartas instaladas cerca de la tarima, haciendo referencia a las acciones de los últimos días en La Emperatriz, donde resultaron heridos 26 compañeros en un solo día por la agresión del ESMAD.

En esta audiencia estuvieron presentes representantes de la ONIC, consejeros del CRIC, consejeros, cabildos, tejidos y programas de la ACIN, representantes de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo, de la alcaldía de Corinto, de organizaciones sociales y populares del norte del Cauca y también nos acompañó Alberto Bejarano en representación del Senador Alexander López junto con cientos de comuneros que se concentraron en el parque de Corinto.

Con los sucesos recientes en el país, hubo mucho temor que no salieran las denuncias y mensajes importantes y necesarios durante la audiencia. Al respeto, Feliciano Valencia, consejero del CRIC dijo: “Estamos diciendo al mundo que todo lo que muestran los medios grandes no es real. Dicen que no hay guerra en el país… La seguridad democrática no ofrece seguridad para todos. Nosotros vivimos otra realidad.”

Fue una oportunidad de mostrar esa realidad y de denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos que ha sufrido la comunidad, entre éstas, se escucharon los testimonios sobre las calumnias y la difamación constante contra el pueblo nasa, caso concreto de Toribío, donde la Fuerza Pública insiste en implicar la alcaldía de colaborar con la guerrilla de las FARC, difamación que antecedió amenazas contra los líderes indígenas.

También se escuchó el testimonio de los hechos ocurridos el pasado 29 de Mayo en la Cominera, Corinto, donde fueron asesinados los comuneros Silvio y Amparo Chaguendo por miembros del Batallón de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. El testigo manifiesta que el asesinato de los comuneros ha sido pintado por funcionarios del gobierno y los medios masivos, como un asesinato a miembros de la guerrilla en una “operación perfectamente planificada.” Ante esta acusación, el hermano de las víctimas asegura que “hay 3.000 testigos que dicen lo contrario. De igual forma, se escucharon los testimonios acerca de la solicitud de evacuación que han hechos los actores armados a la comunidad de la Vereda la Unión en Corinto, solicitud que la comunidad rechaza porque ellos son los dueños legítimos del territorio y no van a permitir ser desterrados porque un indio sin tierra es indio muerto.

La comunidad también denunció a todos los actores armados por el irrespeto a la vida y al territorio. Han sido muchos casos donde la comunidad ha encontrado minas antipersonales cerca de donde viven y trabajan. Por ejemplo, en Huellas Caloto el 20 de mayo fue encontrada una mina a 10 metros de la casa de una familia. Otro caso reciente fue lo del 3 de junio, donde las autoridades indígenas encontraron otra mina a unos metros de donde se realizaba el Ritual de la Liberación de la Madre Tierra en La Emperatriz.

Frente a estos casos, Alberto Bejarano en representación del Senador Alexander López se comprometió a llevar las denuncias de la comunidad hasta el Senado de la República y a impulsar un debate en el Senado donde el Ministro del Interior responda por los asesinatos y violaciones de derechos humanos que ha cometido la Fuerza Pública contra los indígenas. Al mismo tiempo, convocó a una Cumbre Social en Cali, para unificar indígenas, obreros, corteros y todos los sectores sociales y populares del sur occidente colombiano y así empezar a trabajar una agenda conjunta entre los pueblos.

“Acá hay un grupo que se llama el Ejército Nacional y hay otro grupo que se llama el ejército del pueblo, pero ninguno de los dos nos respeta. No nos dejamos vivir en paz.”, manifestó otro de los participantes en la Audiencia Pública.

Las autoridades del CRIC, ONIC y la ACIN recomendaron a los participantes fortalecer el proceso, los cabildos, la guardia, los medios comunitarios y todo el proceso político organizativo para seguir resistiendo pacíficamente. “Que nuestros dolores no nos dividan, que nos unan aún más” recomendó Valencia.