Written by Aurelio Suárez Montoya,
Originally published in La Tarde, Pereira,
15 de julio de 2008
A la demostración de 15.000 lecheros que el 9 de julio pasado en Bogotá, Montería, Popayán, Pereira, Mariquita, Neiva, Florencia, La Dorada, Ocaña, Chiquinquirá y Tunja, entre varias ciudades, protestaron en contra de los decretos 616 y 2838 de 2006, expedidos por el Gobierno Nacional, por los cuales se impone a partir del 24 de agosto de 2008 la leche industrializada como única forma de consumo de este alimento, le cae como anillo al dedo una de las más importantes consideraciones de Henry David Thoreau, el padre de la Desobediencia Civil.
“Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor”.
¿Es justa la resistencia de los lecheros? Se esgrime la insalubridad de la leche cruda para justificar las medidas oficiales. Como sucede con casi todo en los últimos tiempos, se manipula la opinión pública para ganar su favor. Se quiere hacer creer que se protege el consumo de leche cruda como tal. No. Lo que se defiende es que se permita su comercio para ser hervida, un patrón de consumo, arraigado en especial en los sectores populares; que es más económica que cualquier otra presentación y que involucra, como “cadena láctea popular” a decenas de miles de pequeños ganaderos, a más de 20.000 comercializadores, a innumerables industrias caseras de derivados lácteos y a millones de consumidores.
En la campaña de desinformación contra los lecheros se omite que la Organización Mundial de la Salud-OMS-, cuando habla de leche no cruda, coloca en el mismo plano a la leche hervida con la pasteurizada y, es más, la OMS realiza campañas en el mundo entero donde promueve hervir la leche para hacerla alimento seguro. Pero no sólo los decretos excluyen esta categorización sino que, además, imponen verdaderas quimeras para hacerse efectivos. Por ejemplo, se exige el registro ante el ICA de los predios que suministren leche. ¿Será esto viable en el Caquetá donde hay un millón doscientas mil reses y sólo un técnico pecuario del ICA? ¿O en Boyacá donde para ochocientas cincuenta mil reses apenas existen veinte? Así mismo, se exige a los pequeños hatos tener agua potable o “agua de fácil potabilización (sic)”, cuando es sabido que en el 90% de las áreas rurales de Colombia falta agua apta para el consumo humano. Los decretos prescriben que los conductores de vehículos de comercialización tengan “buenas práctica higiénicas”, ¿quién y cómo puede corroborarlo? Lo mismo sucede cuando se “ordena a las vacas” producir leche con al menos 2,9% de proteína.
Igual pasa con los planes de “reconversión”. ¿Se pretende que “esta cadena láctea popular” se torne en empresa de pasteurización? Si bien algunas informaciones hablan que en ese sentido se han inscrito ante las autoridades más de 2.500 propuestas, también vale difundir que, como en Cundinamarca luego de dos años, de 830 solicitudes ninguna fue atendida por el sector bancario ante la vulnerabilidad financiera de los solicitantes, no han podido concretarse.
La salubridad de los colombianos no puede descansar en las “buenas prácticas” de los particulares por poderosos o débiles que sean. La presencia institucional del Estado es indispensable no sólo en la vigilancia, sino también, en el acompañamiento y éste no se hace sólo a punta de decretos. Se enfrentan, de nuevo, dos formas de gobernar que es lo que se viene discutiendo en Colombia en los últimos veinte años. Una, que descarga en el Estado el bienestar general, y, la otra, que limita la acción estatal al menudo papel de regulador de la iniciativa privada y que hace de esa regulación un instrumento excluyente de quienes no pueden cumplirla o que de hacerlo quedan expuestos a ser vapuleados por grandes poderes.
Los lecheros no darán su brazo a torcer fácilmente. Son conscientes de la arbitrariedad que hay en la índole de estos decretos y saben que hay una batalla por librar, sobre todo en términos de la verdadera verdad acerca de los motivos de su movilización. Por ello han emprendido la tarea de organizar para el 19 de agosto próximo una gran Marcha Nacional en Bogotá. Continuarán el pulso para difundir sus razones; entre otras, para confrontar las falsas informaciones con las cuales el gobierno en forma amañada pretende imponer las suyas, incluso influyendo con ellas sobre los editoriales de la gran prensa.
Originally published in La Tarde, Pereira,
15 de julio de 2008
A la demostración de 15.000 lecheros que el 9 de julio pasado en Bogotá, Montería, Popayán, Pereira, Mariquita, Neiva, Florencia, La Dorada, Ocaña, Chiquinquirá y Tunja, entre varias ciudades, protestaron en contra de los decretos 616 y 2838 de 2006, expedidos por el Gobierno Nacional, por los cuales se impone a partir del 24 de agosto de 2008 la leche industrializada como única forma de consumo de este alimento, le cae como anillo al dedo una de las más importantes consideraciones de Henry David Thoreau, el padre de la Desobediencia Civil.
“Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor”.
¿Es justa la resistencia de los lecheros? Se esgrime la insalubridad de la leche cruda para justificar las medidas oficiales. Como sucede con casi todo en los últimos tiempos, se manipula la opinión pública para ganar su favor. Se quiere hacer creer que se protege el consumo de leche cruda como tal. No. Lo que se defiende es que se permita su comercio para ser hervida, un patrón de consumo, arraigado en especial en los sectores populares; que es más económica que cualquier otra presentación y que involucra, como “cadena láctea popular” a decenas de miles de pequeños ganaderos, a más de 20.000 comercializadores, a innumerables industrias caseras de derivados lácteos y a millones de consumidores.
En la campaña de desinformación contra los lecheros se omite que la Organización Mundial de la Salud-OMS-, cuando habla de leche no cruda, coloca en el mismo plano a la leche hervida con la pasteurizada y, es más, la OMS realiza campañas en el mundo entero donde promueve hervir la leche para hacerla alimento seguro. Pero no sólo los decretos excluyen esta categorización sino que, además, imponen verdaderas quimeras para hacerse efectivos. Por ejemplo, se exige el registro ante el ICA de los predios que suministren leche. ¿Será esto viable en el Caquetá donde hay un millón doscientas mil reses y sólo un técnico pecuario del ICA? ¿O en Boyacá donde para ochocientas cincuenta mil reses apenas existen veinte? Así mismo, se exige a los pequeños hatos tener agua potable o “agua de fácil potabilización (sic)”, cuando es sabido que en el 90% de las áreas rurales de Colombia falta agua apta para el consumo humano. Los decretos prescriben que los conductores de vehículos de comercialización tengan “buenas práctica higiénicas”, ¿quién y cómo puede corroborarlo? Lo mismo sucede cuando se “ordena a las vacas” producir leche con al menos 2,9% de proteína.
Igual pasa con los planes de “reconversión”. ¿Se pretende que “esta cadena láctea popular” se torne en empresa de pasteurización? Si bien algunas informaciones hablan que en ese sentido se han inscrito ante las autoridades más de 2.500 propuestas, también vale difundir que, como en Cundinamarca luego de dos años, de 830 solicitudes ninguna fue atendida por el sector bancario ante la vulnerabilidad financiera de los solicitantes, no han podido concretarse.
La salubridad de los colombianos no puede descansar en las “buenas prácticas” de los particulares por poderosos o débiles que sean. La presencia institucional del Estado es indispensable no sólo en la vigilancia, sino también, en el acompañamiento y éste no se hace sólo a punta de decretos. Se enfrentan, de nuevo, dos formas de gobernar que es lo que se viene discutiendo en Colombia en los últimos veinte años. Una, que descarga en el Estado el bienestar general, y, la otra, que limita la acción estatal al menudo papel de regulador de la iniciativa privada y que hace de esa regulación un instrumento excluyente de quienes no pueden cumplirla o que de hacerlo quedan expuestos a ser vapuleados por grandes poderes.
Los lecheros no darán su brazo a torcer fácilmente. Son conscientes de la arbitrariedad que hay en la índole de estos decretos y saben que hay una batalla por librar, sobre todo en términos de la verdadera verdad acerca de los motivos de su movilización. Por ello han emprendido la tarea de organizar para el 19 de agosto próximo una gran Marcha Nacional en Bogotá. Continuarán el pulso para difundir sus razones; entre otras, para confrontar las falsas informaciones con las cuales el gobierno en forma amañada pretende imponer las suyas, incluso influyendo con ellas sobre los editoriales de la gran prensa.
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