Ilegalidad debido a la ilegitimidad

Written by Augusto Bohórquez

Originally published in ACIN, 2 July 2008

Hoy día la discusión en Colombia es la ilegitimad del presidente Uribe. De una parte, por los conocidos casos de la política paramilitar; y de otra parte, con la condena a Yidis Medina, por parte de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de cohecho.

El pasado 26 de junio, Álvaro Uribe, en un comunicado televisado, llamó a la desmantelacion del estado de derecho y, por lo tanto, al nacimiento de una nueva dictadura en Latinoamérica apoyada y repaldada por medio de la política exterior de los paises de la Union Europea, Canadá, y Estados Unidos impulsando políticas al beneficio coorporativo por medio de los Tratados de Libre Comercio que garantizan excelentes ganancias a las transnacionales.

El 26 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia colombiana emitió el fallo en el caso de Yidis Medina. La ex diputada fue encontrada culpable del delito de cohecho, donde se comprobó que el gobierno ofreció prebendas y beneficios a los congresistas para conseguir la mayoría requerida para aprobar el Acto legislativo que modificaba la constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano ésta conducta es identificada como delito y se denomina cohecho, estipulado y regulado en el código penal desde el artículo 405 a 407 [1] .

La Corte falla en consecuencia con el estado social de derecho cuando afirma que “la lucha del Estado contra la impunidad tiene relevancia constitucional la cual no puede quedar reducida a simple retórica dirigida a la tribuna, resulta incompatible con la filosofía del Estado social y democrático de derecho que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado, de connotaciones delictivas tenga vigencia y ejecutividad.[2]” 

Pero, ¿qué sucede con los votos que se consiguieron al quedar configurado el delito de cohecho?, la respuesta a esta pregunta, en mi opinión, debe dar solución al tema en forma definitiva.

¿Deben tenerse en cuenta?, ¿deben anularse? ¿Qué hacer con estos votos?, ¿son válidos? Lamentablemente para la coyuntura jurídica nacional, y lo digo sólo porque se trata de un país de leyes, no hay en el ordenamiento una norma que defina de forma clara que pasa con esos votos. Pero ante esta situación, la misma Corte Suprema de Justicia, en su fallo, llena este vacío jurídico cuando concluye: “que el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal[3]”

Como el ordenamiento constitucional colombiano es estrictamente normativo, pues no puede válidamente existir sanción sin ley previa, escrita y cierta, luego no se le puede restar validez a los votos, porque no existe en el ordenamiento una norma anterior al hecho que sancione estos votos con la invalidez.

La solución a la más grave crisis institucional colombiana no es de tipo normativa, es un problema de legitimidad. Legitimidad inexistente del ejecutivo colombiano, Álvaro Uribe, aun con la manipulación de los medios de comunicación dándole un 82% de popularidad. El llamado del señor Uribe a un referendo; simplemente, es una salida populista a la crisis de la institucionalidad, para legalizar o legitimar el delito. Dicha salida representaría la imposición dictatorial del ejecutivo.

¡La reelección de Uribe fue ilegítima! eso es lo que quiere decir la decisión de la Corte Suprema de Justicia al encontrar a Yidis Medina culpable del delito de cohecho, puesto que para que exista este delito punible es necesario un benefactor y un beneficiario. Por lo tanto, el actual mandato de Álvaro Uribe es ilegítimo, porque está soportado sobre el acto delictivo que tiene en la cárcel a Medina. Esto demuestra que Uribe no tiene ninguna facultad para llamar a referendo, puesto que no es el presidente constitucional de Colombia.

Para enfrentar la ilegimidad en Colombia, se convoca a un frente popular en defensa de la soberanía nacional y contra la ilegitimidad dictatorial de Uribe. Carlos Gaviria, ex-candidato presidencial, llama a la unidad y dice: “Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista[4] ”

Frente a esta realidad, no es posible, ni justificable que Canadá y EEUU apoyen Tratados de Libre Comercio; así como tampoco las acciones de este Gobierno. Uribe, un personaje que debe ser judicializado, en cambio, es reelegido (de manera fraudulenta) y cuenta con la complicidad del Gobierno del Canadá y Estados Unidos, al considerarlo el único aliado en la región.

Canadá debe parar indefinidamente el Tratado de Libre Comercio con gobiernos ilegítimos como el colombiano. Estos tratados, en realidad, presentan excelentes ganancias a trasnacionales canadienses - especialmente en minería, gas, telecomunicaciones y finananzas-, escondidas tras la fachada del desarrollo de los pueblos.

En Canadá se tiene que abrir el debate público sobre el asunto del libre comercio con Colombia, pues al aprobar y ratificar el tratado bilateral, Colombia-Canadá, fortalecerá el gobierno ilegítimo dictatorial de Uribe; y de esta forma, Canadá enviará al mundo las directrices de su política exterior.

Canadá, al apoyar a un dictador, está demostrando al mundo que sobrepone los intereses comerciales sobre el estado de derecho. Si el gobierno de Harper continúa apoyando y recompensando un gobierno ilegítimo, el mundo entenderá el mensaje de Canadá para el mundo.

Notas:

[1] Alcaldía de Montería (junio 30 de 2008). Código Penal colombiano. Versión electrónica. Encontrado el 30 de junio de 2008 http://alcaldiademonteria.tripod.com/codigos/penal/codigopenal.html

[2] Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca (ACIN). (junio 27 de 2008) Condenada Yidis Medina. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Versión electrónica. Encontrado el 30 de junio de 2008 http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8096

[3] Ibid

[4] Polo Democrático Alternativo. (junio 27 de 2008). ¿Se inaugura dictadura populista?En defensa del Estado de derecho y de la democracia constitucional. Versión electrónica. Encontrado el 30 de junio de 2008 http://www.polodemocratico.net/En-defensa-del-Estado-de-derecho-y